MOCIÓN DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA SOBRE REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AGUA

El Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, en la línea establecida por el “Pacto Social por el Agua de la Región de Murcia” considera que el derecho al agua es un derecho humano universal esencial. La disponibilidad y el acceso individual y colectivo al agua potable tienen que ser garantizados en cuanto derechos inalienables e inviolables de las personas, teniendo en cuenta la calidad de la misma para la captación del agua de producción para el consumo humano y el cumplimiento de todas las transposiciones de la Directiva Marco del Agua, así como las listas de sustancias prioritarias peligrosas, peligrosas y persistentes. El agua es un bien finito indispensable para la vida que tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad, sobre la base de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y justicia social.

En consecuencia, respaldamos la resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010, adoptada por la Asamblea General de NNUU, reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Por ello resulta imprescindible que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho al agua y a su saneamiento; que el abastecimiento, así como su gestión, no se rijan por las normas del mercado interior y que se excluyan del ámbito de la liberalización.

Igualmente creemos necesario la materialización del contenido de la “Iniciativa Ciudadana Europea: El agua es un derecho humano”, por ser un llamamiento ciudadano que recabó 1,88 millones de firmas en Europa, y que sin duda provocó que se excluyese de la directiva europea de concesiones los servicios de agua y el saneamiento.

De igual modo, solicitamos que se inste tanto al Gobierno Central y Autonómico, así como todos los partidos con representación en el Parlamento Europeo, exijan a la Comisión Europea que dé muestras del compromiso inequívoco de excluir estos servicios de las negociaciones comerciales que están teniendo lugar en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (TTIP); tratado que sin duda provocaría una ola de privatización de los servicios públicos, la eliminación de normas ambientales, así como un ataque a los derechos de las personas trabajadoras.

Por ello, en aplicación del derecho humano al agua, exigiremos la implementación de la gestión del suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias. Para ello, resulta fundamental garantizar una dotación mínima –cuyo valor debería concretarse, pero que en el contexto mundial está entre 60 y 100 litros por persona y día– y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente (asequibilidad económica).

  1. Para avanzar en el desarrollo y mejora de ese modelo de gestión, se deberán establecer planes de investigación, desarrollo e innovación en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades, a desarrollar mediante la colaboración con las universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales.
  2. Se fomentará la colaboración en programas de cooperación en materia de recursos hídricos, apoyando a operadores públicos de los países en desarrollo mediante alianzas de carácter público-público, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten.
  3. Reconocemos que los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de un ciclo urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo la adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del espacio urbano así como el uso eficiente de la energía. En este sentido, creemos imprescindible establecer un modelo de gestión integrada que permita tener una visión de conjunto de los servicios prestados así como de los ecosistemas implicados de donde se toma y vierte el agua de abastecimiento y saneamiento.
  4. Consideramos que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Todos los bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica, forman parte del patrimonio natural de la colectividad, cuyo relevante valor ambiental, paisajístico, científico, social o cultural, las administraciones públicas tienen la obligación de preservar y proteger. En este sentido, entendemos que el gobierno municipal debe considerar los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua como servicios públicos vinculados a los derechos humanos, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado. En su lugar, reclamamos un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos como servicio de interés general. Creemos que desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión comunitaria, se pueden y se deben prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia, contando con el compromiso y responsabilidad de las personas trabajadoras que prestan estos servicios, y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía.    Por ello, entendemos que la gestión del ciclo integral del agua (servicios municipales, patronato, ente público empresarial, sociedad mercantil 100% pública, cooperativa de consumidores, etc.), debe ser siempre cien por cien pública o comunitaria, no admitiendo el acceso de empresas privadas a su accionariado.
  5. Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes. Pero debe evitarse que especialmente en las presentes circunstancias se produzca una precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad de las personas trabajadoras. La Administración Local, y la representación legal de la plantilla, junto con las organizaciones sindicales más representativas, deberán consensuar y acordar las medias oportunas que garanticen los derechos del personal, las condiciones de calidad, seguridad y la estabilidad en los empleos, tanto en lo gestionado directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratas.

Por cuanto antecede, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura proponemos al Pleno de la Corporación Municipal,  la aprobación de la siguiente,

MOCIÓN

  1. El Ayuntamiento de Molina de Segura adoptará las medidas necesarias para que los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, como servicios públicos vinculados a los derechos humanos, sean cien por cien públicos, tanto su participación social como la gestión, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado. En su lugar, reclamamos un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general.
  2. En éste sentido, la Corporación Municipal adoptará, con carácter urgente las medidas necesarias para remunicipalizar el actual servicio de abastecimiento y saneamiento de agua.
  3. El Ayuntamiento de Molina de Segura promoverá nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva, tal y como estableció la Convención de Aarhus, transpuesta a la normativa europea por la Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, y a la normativa española por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los “derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.Esta Corporación Municipal promoverá un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a la ciudadanía.  Además es fundamental que en los procesos de planificación, se facilite la implicación de todas las personas usuarias y actores sociales vinculados al ciclo urbano del agua, promoviendo los consensos necesarios para avanzar en base a principios comunes.
  4. Se acordará constituir un Consejo Social del Agua integrado en el propio ente gestor con competencias efectivas de control sobre cuestiones clave que trate el Consejo de Administración del ente público gestor. El Consejo Social estará constituido por una asamblea integrada por diversos actores de la sociedad civil y por los representantes legales de los trabajadores y de las trabajadoras y se regirá por un reglamento aprobado por la totalidad de sus componentes en asamblea general. Representantes del Consejo Social se integrarán, con voz y voto, en el Consejo de Administración del ente público gestor del ciclo integral del agua.
  5. En lo relativo a la aplicación efectiva del derecho humano al agua se eliminará, del reglamento municipal de abastecimiento y saneamiento, las suspensiones de suministro por impago en los supuestos de incapacidad económica.
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